El Gobierno reabre la privatización vial con 27 nuevas rutas, pero no se sabe dónde serán – La Nación | 12/11/26

El Gobierno argentino anunció una cuarta etapa de privatización de rutas nacionales mediante el Decreto 1358/2026, que incorpora 27 rutas al programa Red Federal de Concesiones, luego de haber adjudicado más de 9000 kilómetros de corredores viales en las tres etapas anteriores, con contratos de 20 años. La nueva normativa, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la Secretaría de Transporte tendrá un plazo de 12 meses para convocar a una licitación pública nacional e internacional, aunque todavía no se definieron los tramos específicos, las extensiones ni la cantidad de corredores que serán concesionados. Entre las rutas incluidas figuran las nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya cuentan con sectores concesionados, además de las rutas 22, 151, 152, 237, 38, 81, 86, 120, 121, 122, 25 y 26, distribuidas en distintas provincias. El decreto otorga a la Secretaría de Transporte la facultad de definir los corredores, elaborar los pliegos, evaluar las ofertas y adjudicar los contratos, previo informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo contenido todavía no fue publicado. Uno de los principales interrogantes es la viabilidad económica de concesionar rutas con menores volúmenes de tránsito, ya que los ingresos por peajes podrían resultar insuficientes para financiar tanto el mantenimiento como las ampliaciones de infraestructura. Para complementar estos recursos, la normativa contempla la posibilidad de desarrollar actividades comerciales adicionales, como paradores, servicios y publicidad, aunque persisten dudas sobre la necesidad de aumentar las tarifas o recurrir a aportes estatales. Asimismo, Vialidad Nacional será la autoridad encargada de supervisar y controlar las nuevas concesiones, pese a que el Gobierno había intentado disolver el organismo mediante un decreto posteriormente frenado por la Justicia. Según el análisis publicado, los grupos empresarios locales que ya administran corredores podrían tener ventajas para incorporar tramos contiguos y compartir infraestructura operativa. Por el momento, la falta de definiciones sobre los sectores a licitar, los criterios de agrupamiento y el esquema tarifario mantiene abierta la incertidumbre sobre el alcance y la sustentabilidad financiera de esta nueva etapa de privatización vial. Link a Artículo